El derecho a leer
Richard Stallman
Este artículo fue
publicado en el número de febrero de 1997 de Communications of
the ACM (Vol. 40, Número 2).
(de «El camino a
Tycho», una colección de artículos sobre los antecedentes de
la Revolución Lunar, publicado en Luna City en 2096)
Para Dan Halbert el
camino a Tycho comenzó en la universidad, cuando Lissa Lenz le pidió
prestado su ordenador. El de ella se había estropeado, y a menos que
pudiese usar otro reprobaría su proyecto de fin de trimestre. No
había nadie a quien se atreviera a pedírselo, excepto Dan.
Esto puso a Dan en un
dilema. Tenía que ayudarle, pero si le prestaba su ordenador ella
podría leer sus libros. Dejando de lado el riesgo de ir a la cárcel
durante muchos años por dejar a otra persona leer sus libros, la
simple idea le sorprendió al principio. Como a todo el mundo, se le
había enseñado desde la escuela primaria que compartir libros era
algo malo y desagradable, algo que sólo los piratas harían.
Además, no había muchas
posibilidades de que la SPA (la «Software Protection Authority»,
o Autoridad de Protección del Software), no lo descubriese. En sus
clases de programación Dan había aprendido que cada libro tenía un
control de copyright que informaba de cuándo y dónde fue leído, y
quién lo leía, a la oficina central de licencias (usaban esa
información para descubrir piratas, pero
también para vender
perfiles personales a otras compañías). La próxima vez que su
ordenador se conectase a la red, la oficina central de licencias lo
descubriría. Él, como propietario del ordenador, recibiría el
castigo más duro, por no tomar las medidas adecuadas para evitar el
delito.
Lissa no necesariamente
pretendería leer sus libros. Probablemente lo único que ella
necesitaba era escribir su proyecto. Pero Dan sabía que ella
provenía de una familia de clase media que a duras penas se podía
permitir pagar la matrícula, sin pensar en las tasas de lectura.
Leer sus libros podía ser la su única forma de terminar la carrera.
Entendía la situación; él mismo había pedido un préstamo para
pagar por los artículos de investigación que leía (el 10% de ese
dinero iba a parar a los autores de los artículos, y como Dan
pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus
artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente,
le dieran los suficientes beneficios como para pagar el crédito).
Más tarde, Dan descubrió
que hubo un tiempo en el que todo el mundo podía ir a una biblioteca
y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había
investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de
becas de biblioteca. Pero desde los años 90 del siglo anterior,
tanto las editoriales comerciales, como las no comerciales, habían
empezado a cobrar por el acceso a los artículos. En el 2047, las
bibliotecas de acceso público eran sólo un vago recuerdo.
Había formas de evitar
los controles de la SPA y la oficina central de licencias, pero
también eran ilegales. Dan había tenido un compañero de su clase
de programación, Frank Martucci, que consiguió un depurador ilegal,
y lo usaba para evitar el control de copyright de los libros. Pero se
lo contó a demasiados amigos, y uno de ellos lo denunció a la SPA a
cambio de una recompensa (era fácil tentar, para
traicionar a sus amigos, a estudiantes con grandes deudas). En 2047 Frank estaba en
la cárcel; pero no por pirateo, sino por tener un depurador.
Dan supo más tarde que
hubo un tiempo en el que cualquiera podía tener un depurador.
Incluso había depuradores libremente disponibles en la red. Pero los
usuarios normales empezaron a usarlos para saltarse los controles de
copyright, y finalmente un juez dictaminó que ese se había
convertido en su uso práctico. Eso quería decir que los depuradores
eran ilegales y los programadores que los habían escrito fueron a
parar a la cárcel.
Obviamente, los
programadores necesitan depuradores, pero en el 2047 sólo había
copias numeradas de los depuradores comerciales, y sólo disponibles
para programadores oficialmente autorizados. El depurador que Dan
había usado en sus clases de programación estaba detrás de un
cortafuegos para que sólo se pudiese utilizar en los ejercicios de
clase.
También se podía saltar
el control de copyright instalando un núcleo del sistema modificado.
Dan llegó a saber que hacia el cambio de siglo había habido núcleos
libres, incluso sistemas operativos completos. Pero ahora no sólo
eran ilegales, como los depuradores: no se podía instalar sin saber
la clave de root del
ordenador, cosa que ni el FBI ni el servicio técnico de Microsoft te
darían.
Dan llegó a la
conclusión de que simplemente no podía dejarle su ordenador a
Lissa. Pero no podía negarse a ayudarle, porque estaba enamorado de
ella. Cada oportunidad de hablar con ella era algo maravilloso. Y el
hecho de que ella le hubiese pedido ayuda podría significar que
sentía lo mismo por él.
Dan resolvió el dilema
haciendo algo incluso más increíble, le dejó el ordenador, y le
dijo su clave. De esta forma, si Lissa leía sus libros, la oficina
central de licencias pensaría que quien estaba leyendo era él.
Seguía siendo un delito, pero la SPA no lo detectaría
automáticamente. Sólo podrían saberlo si Lissa lo denunciaba.
Si la universidad
descubriese que le había dado su clave a Lissa significaría la
expulsión para los dos, independientemente de para qué hubiese
usado ella la clave. La política de la universidad era que cualquier
interferencia con sus métodos de control sobre el uso de los
ordenadores era motivo para una acción disciplinaria. No importaba
si se hubiera hecho o no algún daño, el delito era el hecho de
dificultar el control. Se asumía que esto significaba que se estaba
haciendo algo prohibido, y no necesitaban saber qué.
En general los
estudiantes no eran expulsados por eso -no directamente-. En su lugar
se les prohibía el acceso a los ordenadores de la universidad, lo
que inevitablemente significaría reprobar todas sus asignaturas.
Dan supo más tarde que
ese tipo de políticas en la universidad empezaron en la década de
1980, cuando los estudiantes comenzaron a usar ordenadores
masivamente. Antes de eso, las universidades tenían una actitud
diferente: sólo se penalizaban las actividades dañinas, no las que
eran meramente sospechosas.
Lissa no denunció a Dan
a la SPA. Su decisión de ayudarle llevó a que se casasen, y también
a que cuestionasen lo que les habían enseñado cuando eran niños
sobre el pirateo. Empezaron a leer sobre la historia del copyright,
sobre la Unión Soviética y sus restricciones sobre las copias, e
incluso sobre la constitución original de los Estados Unidos. Se
mudaron a Luna, donde se encontraron con otros que de la misma forma
intentaban librarse del largo brazo de la SPA. Cuando empezó el
Levantamiento de Tycho en 2062, el derecho universal a leer se
convirtió en uno de sus objetivos fundamentales.
Nota del autor
Esta nota fue actualizada
en 2002
El derecho a leer es una
batalla que se está librando hoy en día. Nuestra forma de vida
actual podría tardar 50 años en desvanecerse, pero muchas de las
leyes y prácticas descritas más arriba ya han sido propuestas, o
por la administración Clinton o por las editoriales.
Hasta hace poco había
una excepción: la idea de que el FBI y Microsoft se guardaran las
claves de root de los ordenadores personales, y no dejaran obtenerlas
a los usuarios no fue propuesta hasta 2002. A esto se le llamó
«computación confiable» o «palladium».
En 2001, el senador
Hollings, apoyado financieramente por la Disney, propuso un proyecto
de ley, llamado SSSCA, que requeriría que cada ordenador nuevo
tuviera restricciones para efectuar copias, que los usuarios no
podrían evitar.
En la misma línea que la
del chip Clipper otras propuestas similares del gobierno de los
EE.UU. sobre custodia de claves de encriptación, esta es una
tendencia a largo plazo: los sistemas de ordenadores se configuran
cada vez más para dar control sobre el ordenador a terceras partes
en lugar de a las personas que realmente lo utilizan. La SSSCA ha
sido llamada desde entonces la CBDTPA (denotando
«Consume But Don’t Try Programming Act», «Consume Pero
Ni Intentes Programar»).
En 2001 los EE.UU.
comenzaron a intentar el uso del propuesto Tratado del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) para imponer las mismas reglas en
todos los países del hemisferio occidental. El ALCA es uno de los
tratados llamados «de libre comercio» realmente diseñados
para darles a las empresas mayor poder frente a los gobiernos
democráticos; imponer leyes tales como la DCMA es típico de este
espíritu. La Electronic Frontier Foundation le solicita a las
personas que expliquen a esos gobiernos por qué deberían oponerse a
tales planes.
La SPA, que realmente
significa «Software Publisher’s Association» (Asociación
de Editores de Software), ha sido reemplazada en este rol policíaco
por la BSA, o «Business Software Alliance». Esta no es una
fuerza policíaca, pero extraoficialmente actúa como si lo fuera.
Utilizando métodos que recuerdan a la antigua Unión Soviética,
invita a la gente a informar a sus compañeros de trabajo y amigos.
En 2001 una campaña de terror de la BSA en Argentina realizó
amenazas veladas de que aquellos que compartieran programas de
ordenador terminarían siendo violados en prisión.
Cuando se escribió esta
historia, La SPA estaba amenazando a pequeños proveedores de
Internet (ISP) para que les permita controlar a sus usuarios. La
mayoría de ellos cedieron al ser amenazados, ya que no podían
costearse la pelea judicial en los tribunales (Atlanta
Journal-Constitution, 1 Oct 96, D3). Al menos un ISP, «Community
ConneXion» en Oakland CA, se negó a aceptar las presiones, y
fue eventualmente demandado. La SPA luego retiró la demanda, pero
obtuvo la DMCA («Digital Millenium Copyright Act», o Ley
del Copyright del Milenio Digital), la cual les dio el tipo de poder
que buscaban.
Las políticas de
seguridad descritas arriba no son imaginarias. Por ejemplo, un
ordenador de una universidad del área de Chicago muestra el
siguiente mensaje al conectarse al sistema (las comillas están en el
original):
«Este sistema sólo
puede ser utilizado por usuarios autorizados. Cualquier individuo que
use esta sistema sin autorización, o excediendo su autorización
está sujeto a ser monitorizado por el personal del sistema. Al
controlar usuarios realizando actividades no autorizadas o durante el
mantenimiento del sistema, las actividades de usuarios autorizados
pueden ser monitorizadas. Cualquiera que use este sistema
acepta expresamente tal monitorización y queda advertido de que si
ese control revela posibles indicios de actividades ilegales o
violación de las normas de la Universidad, el personal de
mantenimiento del sistema puede proporcionar esas evidencias a las
autoridades de la Universidad o a las
fuerzas de seguridad».
Esta es una aproximación
interesante a la Cuarta Enmienda: forzar a los usuarios a declinar
por adelantado los derechos en ella contemplados.
Referencias
• El Libro Blanco
de la Administración: «Information Infrastructure Task Force,
Intellectual Property and the National Information Infrastructure:
The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights»,
(1995).
• «An
explanation of the White Paper: The Copyright Grab», Pamela
Samuelson, Wired, Jan. 1996
• «Sold Out»,
James Boyle, New York Times, 31 March 1996
• «Union for
the Public Domain», una organización que pretende resistir y
revertir la sobreextensión de los poderes de la propiedad
intelectual y patentes.
Este ensayo ha sido
publicado en «Free Software, Free Society: The Selected Essays
of Richard M. Stallman».
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